Con fecha 25 de mayo se ha reunido mediante videoconferencia la Mesa Sectorial de Justicia en Andalucía, con la presencia de UGT Justicia, y del resto de sindicatos representados (CSIF, SPJ-USO, STAJ y CCOO),
A continuación, desarrollamos los temas de interés que se han tratado:
1. Resolución de la Consejería de Justicia que activa la Fase 2 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia.
De conformidad con lo solicitado por UGT, la Consejería de Justicia no va a publicar la resolución que active la Fase 2, porque aún no dispone del informe del servicio de prevención que relacione aquellos órganos judiciales en los que no se puede garantizar la distancia de 2 metros entre el personal funcionario. Esta información es imprescindible, porque, en base a la misma, se establecerá un turno de tarde para asegurar el mantenimiento de las medidas de seguridad. Hay que tener en cuenta, que en la Fase 2 aumenta de forma significativa el régimen presencial, estableciendo el Ministerio de Justicia un intervalo del 60 al 70 por ciento de la plantilla.
Por lo tanto, una vez que se disponga de la información facilitada por los servicios de prevención, la Consejería de Justicia publicará la nueva resolución que activará la Fase 2. Mientras tanto, seguimos con el porcentaje del 33% de la plantilla fijado para la Fase 1.
Una vez aclarada esta cuestión, UGT ha propuesto las siguientes medidas para la entrada en la Fase 2:
a) UGT ha solicitado que el régimen presencial se fije en el porcentaje del 60%, y no en el intervalo 60-70% que establece el Ministerio de Justicia, porque de esa manera se limita la arbitrariedad de los superiores jerárquicos y se reduce la incertidumbre de los compañeros/as. La Consejería ha aceptado nuestra propuesta, comprometiéndose a recogerlo de esta forma en la resolución que se dicte.
b) UGT ha solicitado que el porcentaje del 60% se calcule sobre el personal funcionario disponible, es decir, sin contar a aquellas personas que no entran en los turnos rotatorios por tener hijos menores de 14 años y personas dependientes, o por tratarse de personas de especial vulnerabilidad para el COVID-19. Asimismo, hemos solicitado que tampoco cuenten para el cómputo del porcentaje aquellas plazas que aún no han sido ocupadas por sus titulares tras el concurso de traslados. De esta manera, se evitaría la sobreexposición al contagio de los que están disponibles, que se ven obligados a ir al trabajo con mucha frecuencia. La Consejería se ha comprometido a estudiar esta propuesta.
c) UGT ha solicitado que los auxilios judiciales entren en el turno de presencia con el resto de sus compañeros/as de cada órgano judicial o fiscal. Al no exigirse la presencia obligatoria de un cuerpo determinado, no tiene sentido establecer un turno propio para los auxilios judiciales. La Consejería ha tomado nota de nuestra propuesta para su estudio.
d) UGT ha solicitado que en los servicios de guardia se contemple la posibilidad de hacer turnos, ya que, en algunos casos, pueden ser necesarios para mantener la distancia de seguridad.
e) UGT ha solicitado que la Fase 2 no se aplique en las provincias de Málaga y Granada, puesto que las mismas entran ahora en la Fase 1. De forma subsidiaria, para el caso de que no se acepte dicha propuesta, hemos solicitado que, al menos, se establezca en dichas provincias un porcentaje por debajo del 60%. La Consejería se ha manifestado en contra de nuestra iniciativa, lo que supone un claro incumplimiento del Plan de Desescalada propuesto por el Ministerio de Sanidad.
f) UGT ha pedido que el personal con menores de 14 años y mayores dependientes pueda solicitar el turno de tarde como medida que facilite la conciliación de la vida laboral y personal. Esta propuesta se recogerá en la resolución que se dicte para la entrada de la Fase 2.
g) UGT ha solicitado como medida de flexibilidad, que se permita, a aquellas personas que voluntariamente lo soliciten, la acumulación de la jornada laboral en turnos de mañana y tarde consecutivos, de forma que el resto de los días no tengan que ir a trabajar. Esta medida ayudaría a organizar la vida laboral y personal, principalmente para aquellas personas que no residen en la localidad en la que tienen su puesto de trabajo, y, además, reduciría el riesgo derivado del uso frecuente del transporte público.
2. Teletrabajo.
La Consejería dictará en los próximos días una instrucción en la que se regulará el teletrabajo para el personal de la Administración de Justicia.
En el Plan de Desescalada, el teletrabajo está previsto para los siguientes colectivos:
– Personal funcionario incluido dentro de alguno de los grupos de riesgo: diabetes, enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión), enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años.
– Personal funcionario con menores de 14 años y mayores dependientes.
– Personal funcionario en cuyos puestos no se pueda respetar la distancia de seguridad de 2 metros.
Una vez que termine el Plan de Desescalada, la Consejería tiene previsto que el teletrabajo pueda extenderse a todo el personal funcionario de justicia de Andalucía.
UGT ha solicitado que se elabore una guía informativa sobre los requisitos técnicos necesarios para acceder al teletrabajo, incluyendo capturas de pantalla. Asimismo, también hemos propuesto que se facilite una formación previa o tutorial.
La Consejería de Justicia es partidaria de exigir para el teletrabajo la disponibilidad en horario de audiencia pública, por lo que el resto del tiempo la persona tendría plena flexibilidad para organizarse el trabajo. UGT ha solicitado que la palabra “disponibilidad” no implique estar obligatoriamente conectado durante las horas de audiencia pública (de 9:00 horas a 14:00 horas), porque, en ese caso, dificultaría la conciliación de la vida laboral y personal, que es uno de los objetivos principales del teletrabajo.
Además, UGT ha solicitado que se regule el derecho a la desconexión obligatoria, de forma que se asegure el descanso diario del personal que teletrabaje.
UGT ha exigido que la modalidad de teletrabajo no afecte a los derechos laborales e individuales del personal funcionario de justicia, incluyendo retribuciones, permisos, licencias, vacaciones y bajas por enfermedad.
Por último, también hemos exigido que se garantice el derecho a la protección de los datos que la persona tenga en su ordenador.
3. Realización de test rápidos del COVID-19 para el personal funcionario de Justicia.
La Consejería de Justicia nos ha informado que durante esta semana comenzarán a practicarse las primeras pruebas. La Consejería prevé que en tres semanas se habrá realizado el test a todo el personal funcionario. Las pruebas las llevarán a cabo los médicos forenses.
UGT ha solicitado en numerosas ocasiones la realización de los test, que ayudarán a detectar a las personas contagiadas, pero asintomáticas, evitando de esta forma que se incorporen al puesto de trabajo. UGT ha pedido que no haya más dilaciones en el calendario propuesto, porque se ha perdido mucho tiempo en poner en marcha esta medida preventiva, de especial importancia de cara a la progresiva incorporación de toda la plantilla al trabajo.