En el día de ayer, 20 de marzo, se reunió el Ministerio de Justicia con las Comunidades Autónomas con competencias de justicia transferidas. El resultado de dicha reunión se resume de la siguiente forma: el Ministerio de Justicia no ha permitido que algunas Comunidades Autónomas, entre ellas Andalucía, aplicaran la propuesta de mantener únicamente abiertos los servicios de las guardias, cerrando los órganos judiciales y demás servicios, en los que se establecería un turno de disponibilidad para las diligencias urgentes e inaplazables.
En dicha reunión, el Ministerio de Justicia ha establecido que los servicios esenciales en ningún caso pueden sobrepasar el 10% de las plantillas de cada territorio. En Andalucía, con la actual resolución sobre servicios esenciales estamos dentro de ese porcentaje: cada día trabajan unos 800 funcionarios/as de justicia de los 8.000 de plantilla, aproximadamente.
Para entender mejor cómo hemos llegado a la actual situación, vamos a hacer un repaso cronológico a los acontecimientos principales:
– Día 13 de marzo.
La Consejería convoca una reunión urgente del Comité de Seguridad y Salud de Justicia de Andalucía. En dicha reunión, UGT Justicia es el primer sindicato que propone el cierre de los juzgados, manteniendo los servicios de guardia.
– Día 14 de marzo.
La Consejería publica una Resolución de servicios esenciales por la pandemia del coronavirus. UGT Justicia rechaza dichos servicios esenciales por considerarlos excesivos y desproporcionados. Valga como medida que los servicios esenciales establecidos eran más amplios que los servicios mínimos fijados en caso de huelga.
El Gobierno de la Nación decreta el Estado de Alarma, que obliga a la ciudadanía a quedarse confinada en sus domicilios.
– Día 15 de marzo.
La Consejería publica una nueva Resolución en la que rebaja de forma significativa los servicios esenciales. UGT Justicia sigue apostando por el cierre de los órganos judiciales, estableciendo un turno de disponibilidad, y manteniendo abiertos los servicios de guardias.
– Dia 16 de marzo.
El Ministerio de Justicia establece para su territorio (Comunidades Autónomas sin transferencia de competencias de justicia) unos servicios mínimos más amplios que los fijados por Andalucía.
– Día 18 de marzo.
La Consejería convoca el Comité de Seguridad y Salud de Justicia en Andalucía, para trasladarnos que va a comunicar al Ministerio de Justicia su propuesta de cierre de los juzgados, en los términos que ya hemos referido.
– Día 19 de marzo.
En respuesta a las medidas de cierre anunciadas por Andalucía y otras Comunidades Autónomas, el CGPJ hace público un comunicado en el que prohíbe a dichos territorios que actúen en ese sentido.
Ante la guerra desatada entre Comunidades Autónomas y CGPJ, el Gobierno de la Nación publica una orden que arrebata a las Comunidades Autónomas las competencias sobre el personal de justicia.
Y así llegamos al día 20 de marzo, en el que se constata que el Ministerio de Justicia se ha posicionado al lado del CGPJ, dejando a las Comunidades Autónomas sin capacidad de decisión sobre los servicios esenciales establecidos por la crisis del coronavirus.
¿Y partir de ahora?
Pues, mientras no haya cambios, seguimos con la Resolución de servicios esenciales dictada por la Consejería de Justicia el día 15 de marzo.
UGT Justicia seguirá luchando porque se adopte la medida de cierre de los juzgados con turno de disponibilidad para causas urgentes, manteniendo abiertos los servicios de guardia, puesto que consideramos que es la forma más eficiente de velar por la salud de nuestros compañeros y compañeras, garantizando la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales. De ahí no nos vamos a mover. Somos conscientes de la importancia del servicio público que prestamos, pero, en momentos como el actual, estamos convencidos de que lo primero es la salud de las personas. El personal de justicia también tiene derecho a decir: “YO ME QUEDO EN CASA”.