En la reunión del Comité de Seguridad y Salud de Justicia, celebrada en el día de ayer, 15 de mayo de 2019, se constató la falta de interés político en los temas de prevención de los riesgos laborales. Utilizamos la expresión “interés político” porque queremos romper una lanza a favor de los funcionarios/as técnicos, tanto de la Consejería de Justicia (Turismo, Regeneración y Administración Local), como del resto de la Junta de Andalucía, que demuestran diariamente que, con su buena voluntad, suplen la falta de medios personales y materiales que padecen.
El problema está en los niveles de dirección de la Administración de la Junta de Andalucía, que consideran que el tema de prevención de riesgos laborales es un tema menor dentro de los diferentes asuntos que han de gestionar.
UGT Justicia, por el contrario, siempre ha defendido que la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de toda la normativa que la desarrolla, debe ser una de las prioridades de toda Administración pública.
¿Por qué acusamos a la Consejería de Justicia (y, en general, a la Junta de Andalucía) de dejadez en materia de prevención de riesgos laborales?
1. La anterior reunión del Comité de Seguridad y Salud de Justicia fue el 15 de noviembre de 2017, es decir, hace UN AÑO Y MEDIO. Esto denota una absoluta falta de interés. UGT Justicia propone reuniones cada 3 meses.
2. Las Unidades de Prevención de las provincias nunca han sido dotadas con los medios personales y materiales necesarios para realizar adecuadamente sus funciones. Para colmo, el nuevo Gobierno de Andalucía, con su “magnífica” idea de incluir a Justicia en la macro-Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, ha conseguido empeorar una situación que ya de por sí era mala. Todo un logro. Cuando pertenecíamos a la Consejería de Justicia e Interior contábamos con dos (2) técnicos de prevención por provincia. Ahora, en cambio, con la nueva estructura de la Consejería, sólo hay uno (1) por provincia. Es obvio que esa dotación es del todo insuficiente, y, en la práctica, supone paralizar el servicio de prevención de riesgos laborales en la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía.
UGT Justicia exige que se cumpla la ratio de un (1) técnico de prevención por cada 500 funcionarios/as. Con esta medida, las provincias con menos funcionarios/as tendrían dos (2) técnicos, y las que cuentan con un mayor número de funcionarios/as, Málaga y Sevilla, contarían con cinco (5) técnicos de prevención.
Además, UGT ha pedido que Justicia cuente con un servicio de prevención propio, que no sea compartido con otros ámbitos. La Administración de Justicia, por sus especiales características, tanto en el trabajo que realiza su personal, como en cuanto al estado y dispersión de sus sedes judiciales, requiere de la dedicación de unos técnicos de prevención que trabajen de forma exclusiva en nuestro ámbito. Desde UGT Justicia consideramos que sería justo permitir que los funcionarios/as de Justicia, que tuvieran la cualificación adecuada, pudieran acceder a esos puestos de técnicos de prevención, puesto que su conocimiento de la “casa” sería muy aprovechable.
3. Falta de interés en realizar las revisiones médicas al personal de Justicia. Hay muchos compañeros/as que llevan más de diez (10) años trabajando y nunca se les ha hecho una vigilancia de la salud. UGT Justicia ha denunciado este inadmisible incumplimiento de la Administración.
4. No se impulsan los Comités de Acoso Laboral, que a día de hoy no son operativos, como ha reconocido la propia Administración.
UGT Justicia ha manifestado en muchas ocasiones que para hacer efectivos los Comités de Acoso Laboral es necesario establecer convenios de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y con el Ministerio de Justicia, porque la Junta de Andalucía no tiene competencias sobre jueces, fiscales y letrados de la administración. Es la única forma de que puedan tomarse medidas contra los “jefes” que acosan laboralmente a los compañeros/as.
5. No se llevan a cabo simulacros de evacuación por emergencias. Esto es especialmente grave, porque no se está preparando al personal que trabaja en las sedes judiciales para afrontar situaciones que pueden poner en peligro su integridad física.
UGT Justicia exige a la Consejería de Justicia que cumpla con sus obligaciones como “empresario”, y vele por la salud y seguridad de sus trabajadores/as.
6. No se ha atendido la especial problemática que sufren aquellos compañeros/as que realizan parte de su jornada laboral fuera de las sedes judiciales, como es el caso del personal de los Servicios de Notificaciones, que están más expuestos a sufrir agresiones, como ya hemos podido comprobar, por desgracia, en bastantes ocasiones.
UGT Justicia ha exigido que se realice a este personal una evaluación de riesgos ajustada a sus especiales características, y, a continuación, que se tomen las medidas que sean necesarias para garantizar su seguridad.
7. La Consejería de Justicia ignora un requerimiento de la Inspección de Trabajo para que atienda la sobrecarga de trabajo que sufren los juzgados de la costa de Andalucía durante el verano. Esta situación genera un estado de máximo estrés que afecta a la salud de los trabajadores/as.
UGT Justicia ha solicitado que se extienda el servicio de guardia a toda la plantilla en aquellos partidos judiciales de la costa de Andalucía durante el periodo estival.
8. Muchas de las sedes judiciales no cumplen la normativa sobre prevención de riesgos laborales. En pleno S.XXI, aún quedan algunos edificios que no disponen de ascensor.
UGT Justicia ha denunciado en numerosas ocasiones las graves deficiencias de los edificios judiciales. Desde UGT reivindicamos la creación de sedes judiciales concentradas, que ofrezcan un mejor servicio al ciudadano y mejoren la imagen de la justicia andaluza. Por ejemplo, es inadmisible que a día de hoy el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) continúe ubicado en una casetilla prefabricada. Hay que poner fin a esta chapuza, que la Consejería de Justicia vendió como una medida provisional, y que se alarga desde del mes de diciembre del año pasado.
