El TJUE contestará a dos cuestiones prejudiciales sobre este asunto previsiblemente antes de fin de año
El caso de un informático estatutario temporal interino del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) que suma 18 años en ese puesto eventual, y los de cuatro odontólogas, también de la sanidad pública madrileña, que llevan entre 12 y 17 años encadenando distintos contratos temporales han llegado ya al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Todos ellos demandan que la administración autonómica que les emplea sea sancionada por haber abusado de la contratación temporal y que esa sanción sea su conversión en personal fijo.
Las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) indican que 843.300 empleados del sector público tienen un contrato interino (de sustitución u ocupando una plaza de funcionario o personal estatutario fijo) o directamente temporal. Esto supone el 26% de los 3,2 millones de empleados públicos. Y, de todos los temporales, entre 450.000 y 700.000 habrían estado encadenando este empleo más de dos años, según distintos cálculos. De hecho, la media de estas situaciones oscila entre los 8 y los 30 años. Este escenario afecta a todas las administraciones y empresas públicas de toda España.
Todos estos empleados públicos con largos empleos temporales conocerán probablemente antes de final de año si la justicia europea les reconoce su transformación en fijos, como sanción a las administraciones públicas españolas por abusar de todo tipo de contratación temporal para cubrir puestos estables y estructurales.
Este pronunciamiento judicial llegará con una sentencia por dos cuestiones prejudiciales presentadas al TJUE por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo número 14 y 8 de Madrid.
